Gudelia Machaca Calle
No hay peor ciego que no quiera ver ni peor sordo que no quiera escuchar, retrata con fidelidad, lo que pretenden, una vez más, hacer en el Gobierno Regional de Ayacucho, a la cabeza con el Presidente Oscorima, en complicidad con el Consejo Regional de Ayacucho, al forzar declarar en situación de emergencia el sistema vial de la región de Ayacucho, y exonerar de todo proceso regular para la adquisición directa de maquinarias por un monto millonario (veinte millones de nuevos soles).
Sólo la incapacidad y la ineficiencia de la gestión regional, explican esta escandalosa forma de querer utilizar nuestros recursos. Y no nos vengan a decir que la adquisición de maquinarias vía exoneración del proceso regular, tiene directa vinculación con la situación de emergencia del sistema vial, pues lo real es que la incapacidad del gasto público los tiene al borde de la locura y reza el dicho: en rio revuelto ganancia de pescadores, ¿no habrá sido provocada?, porque está demostrado hasta la saciedad y así lo ha establecido, el propio Tribunal Constitucional, que este mecanismo se ha generalizado en los gobiernos regionales, locales del país, y hay la imperiosa necesidad de establecer límites para evitar que vía esta mañosa forma de burlar los mecanismos de control regulares, se sigan dilapidando recursos públicos por el orden de más de diez mil millones de nuevos soles al año, conforme estimaciones de la Contraloría General de la República.
No es especulación, como les gusta decir a los gobernantes y sus adláteres. Nuestras conjeturas tienen asidero, y para ello, una vez más hacemos mención al Manual del Protocolo de Reacción ante indicadores de corrupción, elaborado por el Fondo Regional para la formación de la transparencia y otras instituciones, donde hacen mención, precisamente a lo que recurren permanentemente gobernantes de todos los niveles; ¿y a qué recurren?, pues a motivos insuficientes para contratar por vía de excepción y así evitar licitaciones aduciendo emergencias o urgencias inexistentes, abriendo las puertas a la corrupción.
Las normas vigentes sobre la materia (D.L. 1017, Ley de Contrataciones del Estado y D.S. 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), y teniendo en cuenta el fallo del Tribunal Constitucional respecto a los principios de excepcionalidad, necesidad, transitoriedad, generalidad y conexidad, señalan al respecto, en resumen, lo siguiente: En virtud de acontecimientos catastróficos o que afecten la defensa y seguridad nacional, la entidad deberá contratar en forma inmediata lo estrictamente necesario para prevenir y atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido, así como para satisfacer las necesidades sobrevinientes. ¿El mal estado de las carreteras es consecuencia directa de la temporada de lluvia? ¿las maquinarias que se pretende adquirir es sólo para atender los efectos generados por la temporada de lluvia o sólo satisfacer la necesidad sobrevenida? No hay peor ciego que no quiera ver ni peor sordo que no quiera escuchar.
Un último estudio con datos del SEACE revela que RPP, que por necesidad escuchamos, ha hecho contratos de publicidad con la gestión de Alan García durante su mandato, por la friolera suma de sesentiocho millones de nuevos soles. El mismo estudio se pregunta ¿Porqué Raúl Vargas, tan audaz cuando entrevista a un dirigente sindical, no le hizo una sola pregunta acuciosa al mandatario durante 5 años?... La respuesta, obvio, está por el camino del dinero; en los 68 millones de nuevos soles que ganó RPP durante la gestión de Alan García. Dura, pero cierta esta aseveración. Falta un estudio similar en Ayacucho, para afirmar con certeza si la explicación del silencio y la defensa al Presidente Oscorima, o en su caso al Alcalde provincial Huancahuari, también está por el camino del dinero.
Por nuestra parte, nos refirmamos en nuestra apreciación; emergencias o urgencias inexistentes, para evitar licitaciones, son simplemente artilugios legales que no son otra cosa que esconder negociados debajo de la mesa con pingues ganancias para ambas partes, porque no es la primera, y seguro no será la última ,vez que gobiernos regionales y locales recurrirán a estos mecanismos.
El Consejo Regional, de aprobar el pedido desesperado del Presidente Oscorima, en la sesión extraordinaria de hoy, se convertirá en cómplice y por ende en corresponsable de las consecuencias legales y sociales, incluso el mayor responsable, al ser el acuerdo regional, una condición sine quanon, para perpetrarse acciones de esta naturaleza, serán los miembros del Consejo Regional de Ayacucho. No hay peor ciego que no quiera ver, ni peor sordo que no quiera escuchar.
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