"El Comercio" 08-01-12
En este primer año de gestión de los nuevos gobiernos regionales y municipales, varios grupos de ciudadanos han adquirido los kits electorales necesarios para iniciar la revocación de autoridades edilicias y regionales. En el caso de Lima, cuatro grupos –que conformarán una alianza– impulsan la remoción de la alcaldesa Susana Villarán.
Por encima de las reacciones iniciales, de las simpatías o de los intereses político-partidarios de las autoridades impopulares, debemos subrayar que la revocación es un mecanismo de la democracia directa, reconocido y garantizado por el ordenamiento
constitucional de numerosos países, incluido el Perú.
En algunas naciones la figura permite inclusive revocar
al presidente y a todas las autoridades elegidas. Es el modo como los
votantes ejercen su derecho al control ciudadano, a expresar su
disconformidad con la gestión o la conducta de sus autoridades y a sacarlas de sus cargos antes del fin de su gestión.
En un Estado de derecho, democrático y moderno, la
figura se da dentro de un marco normativo. Para el caso de nuestro
país la Ley 26300, o Ley de Participación y Control Ciudadanos, fija plazos y mecanismos. En Lima se exige, por ejemplo, la presentación de 400 mil firmas para convocar una consulta popular y la revocación solo puede ejercerse durante el segundo y tercer año de gobierno municipal o regional. Y es que sería
incoherente remover a una autoridad al comienzo o al final de su gestión.
Un proceso de revocación genera, por cierto, crispación e inestabilidad política y social, por lo que debe ser planteado con responsabilidad y sensatez.
Los promotores de estas iniciativas han de ser lo más
transparentes posible y explicar con claridad sus fundamentos, ámbito
de representatividad y hasta sus fuentes de financiamiento. Se trata de
descartar la existencia de agendas individuales que pretendan
promover intereses politiqueros o ideologizados.
Queda claro que la razón y la responsabilidad deben prevalecer sobre la emoción al momento de pensar en plantear una
revocación. Ha de evaluarse si la gestión de las autoridades
responde a criterios de eficiencia y planeamiento; determinar si existe real
voluntad política de servir a los ciudadanos, comprometerse con
una agenda de gobernabilidad y promover consensos democráticos con
los regidores o el consejo regional; y analizar si convoca a
los mejores cuerpos técnicos para concretar sus planes de gobierno y
promesas electorales. Con objetividad debe sopesarse también si
el plazo transcurrido es suficiente para descalificar a la
autoridad como para pensar en su remoción.
Si se avanza en un proceso revocatorio, no debe quedar
duda de que su motivación es realmente democrática y que la
autoridad ha demostrado flagrante ineficiencia o corrupción. Solo así
no se desvirtuará este
importante mecanismo de la democracia directa.
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