Necías E. Taquiri Y
“La
larga lucha emprendida por los maestros del SUTEP es francamente admirable. Se
han ganado el cariño y admiración del pueblo (de sus alumnos mejor preparados,
de los padres de familia conscientes de la labor que ejercen, de los
intelectuales en general), y el odio enfermizo de los gobiernos de turno, que
si estuvieran en sus posibilidades, hace tiempo los hubiera despedido del
trabajo, de canto a canto, sin miramiento alguno” (decíamos en enero 2008, y no
hemos cambiado de opinión).
Les
impuso la Ley General de Educación donde se declara abiertamente que la
educación es un servicio (tanto como el agua, la luz eléctrica, el Internet o
el teléfono, que te cuestan, en soles o dólares, un ojo de la cara y despedazan
tu presupuesto personal, familiar o institucional), la Ley de la Carrera
Pública Magisterial y su correspondiente Reglamento; pero, no han podido
destruir al Sindicato más férreo de los últimos 20 años, y han tenido que
reconocer que ¡no podrán evaluar obligatoriamente a todos los maestros –como
tenían dicho-, con fines de despido, sino sólo a los nuevos y a los nombrados
que así lo deseen (con el incentivo tentativo de ‘pagarles más’), traicionando
a su sindicato y saliendo de la Ley del Profesorado!
Por
lo pronto, los profesores que habiendo sido nombrados con la Ley del
Profesorado no quieran someterse a evaluación alguna, simplemente no lo hacen,
sin que por eso les puedan sancionar el gobierno, la DRE o las UGE, dado a que
el Reglamento de la Ley de la Carrera Pública Magisterial no puede aplicarse
retroactivamente y tampoco atentar contra la estabilidad ganada. La vigencia de
la Ley 24029 está garantizada, si bien a ella, a partir de la vigencia de la
Ley 29062, tampoco podrá ingresar un maestro más.
No
obstante, la lucha de los profesionales de la educación apenas empieza. Lo que
supone –tomando en cuenta los principios y razones del gremialismo- tener
presente que en cualquier momento, por el tiempo que sea necesario, con los
riesgos y beneficios que eso conlleve, protagonizarán paros, marchas, huelgas
y, claro, la lucha legal ante las instancias más diversas del gobierno.
La
intención del SUTEP es ‘bajárselo’ la LCPM y la propia Ley General de
Educación. En ese camino, con 12 mil firmas debidamente registradas, de las 5
mil que se necesitaban como mínimo, presentaron ese año (2008) ante el Tribunal
Constitucional la demanda de Inconstitucionalidad contra la Ley de marras.
Existía un antecedente, a raíz de igual demanda y contra la misma Ley, por el
Colegio de Profesores del Perú, la misma que fue ya había sido admitida, con lo
que preveíamos que, más tarde o más temprano, aunque sea en los siguientes
gobiernos, los maestros tendrían las de ganar. La razón les asiste y las leyes,
también.
A
raíz de estos comentarios, que a título personal y con entera responsabilidad
emitimos –sin empachos ni disimulos- nos calificaron como ‘políticos más que
periodistas’. A la que respondimos y nos ratificamos con palabras de Bertolt Brech:
“El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa
de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de
un libro, del pan de la harina, del zapato y de los remedios, dependen de las
decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y
ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia
política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los
bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas
nacionales y multinacionales, el traidor”.
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