EL VALOR DE LA PRENSA INDEPENDIENTE

Gudelia Machaca Calle

La decisión del Organismo Supervisor de las Contrastaciones del Estado - OSCE - de declarar ilegal la exoneración del proceso de selección por una supuesta situación de emergencia de la red vial de la región, y por ende sin efecto todo el proceso, incluso nulo el contrato suscrito de adquisición directa de maquinarias por la suma de veinte millones nuevos soles, no hace más que evidenciar que el trabajo de la prensa independiente si tiene valor.

De haber tomado en cuenta el Presidente Oscorima, sus gerentes y el sector oficialista del Consejo Regional los argumentos, el análisis crítico de la prensa independiente y profesionales como el Dr. Luis La Rea, el CPC. Richard Prado, entre otros, no nos habrían colocado en esta situación vergonzante que hoy lamentamos, con la agravante de que la empresa beneficiaria con la adjudicación directa podría ejecutar las penalidades por incumplimiento que iría en detrimento de los intereses de los ayacuchanos. Contrario sensu, de haberse seguido el procedimiento regular de una licitación, incluso internacional, como se sugería en su momento, habríamos obtenido mayores beneficios para la población ayacuchana.

En la sesión donde se aprobó la declaración en situación de emergencia de la red vial y la exoneración del proceso de selección, como pusimos en evidencia, no se discutió la supuesta emergencia de la red vial, sino la baja ejecución presupuestal y el riesgo de reversión del dinero que vía crédito suplementario el Gobierno Nacional había destinado para el Hospital Regional de Ayacucho, y tras la modificación del presupuesto se destinó al proyecto de fortalecimiento de la capacidad resolutiva del servicio de equipo mecánico SEM.

Era de esperar la decisión de la OSCE, por cuanto el argumento de ineficiencia en el gasto público y el riesgo de reversión del dinero, en ningún acápite de la Ley ni el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, constituyen causales para la exoneración del proceso de selección; y, la situación de emergencia como causal, tiene un conjunto de parámetros, principios, incluso ya dictaminados por el Tribunal Constitucional, ampliamente desarrollados y discutidos en artículos de opinión y entrevistas radiales de la CASA DE LA COMUNICACIÓN, a los cuales el Presidente Oscorima, ni el Gerente General, ni el Gerente de Planificación y Presupuesto, ni el de Infraestructura ni de Asesoría Legal, pudieron ni quisieron rebatirlos.

Las salidas políticas no significan transgredir dispositivos legales ni fallos del Tribunal Constitucional, como los que existen en el caso de declaratorias de situación de emergencias y las exoneraciones de procesos de selección; las salidas políticas siempre han de tener un marco legal. Sentimos mucho contradecir al Consejero Víctor De La Cruz, en ese aspecto y en la supuesta actuación de buena fe. La buena fe, en términos generales se concibe como la convicción de obrar conforme al derecho; la buena fe impone a las personas el deber de obrar correctamente, como lo haría una persona honorable y diligente. Lo que hubo en los consejeros que sucumbieron ante la soberbia de un presidente regional que todo lo quiere hacer a manu militare como en sus negocios privados de juegos de azar, es pleno conocimiento de su comportamiento, pues a tal extremo algunos consejeros como el señor Martínez e Ibarra, eran conscientes que no les importaba transgredir las leyes y si se iban a la cárcel, sería por su “pueblo”; allí están sus intervenciones en la sesión que están debidamente registradas. Habría que saber cuál es el toma y daca que existe en esas relaciones entre los consejeros y el Presidente Oscorima, pues eso de mostrar una repentina identificación con el pueblo que los eligió es sólo una pose, pues han tenido todo el año para atender las necesidades sentidas de la población.

No es sólo el hecho de la anulación de la exoneración del proceso de selección y del contrato con la empresa, sino que esos dineros, es decir los veinte millones de nuevos soles, esta vez sí no tendrán cómo retener en las arcas del Gobierno Regional de Ayacucho, y su reversión es inminente, si bien la recuperación es una posibilidad, podría ser remota. No somos economistas, pero las normas indican eso, ojalá estemos equivocados.

Nos ratificamos en nuestra apreciación que esta forma desesperada de burlar la ley para adquirir maquinarias, tiene directa vinculación con el Hospital Regional de Ayacucho, y el desmantelamiento del presupuesto asignado al proyecto del Hospital, es una realidad, y los terrenos del INIA aun no han sido formalizados en su transferencia, y menos el presupuesto para un Hospital del nivel que dice se construirá, mientras tanto la salud pública está en grave riesgo. Esperemos que los “bomberos” del Presidente Oscorima no sigan señalando negro a lo que es blanco, no todo es relativo; la ciencia nos enseña que la verdad objetiva si existe y que la práctica es el único criterio de verdad.

El Ministerio Público, la Procuraduría Regional, la OCI, la Procuraduría Anticorrupción, el Colegio de Abogados de Ayacucho, tienen la palabra para que se investigue y sancione a los responsables.