Ing. Mario T. Cueto Cárdenas *
La democracia encuentra en las periódicas consultas electorales, la esencia de su sostenibilidad. Así lo
evidencian los sucesivos gobiernos con
excepción, en las recientes décadas, del autogolpe fujimorista, que permitió encausar las normas legales hacia
objetivos propios de una dictadura
civil. Tras esa infausta experiencia, a modo de reflexión, cabe preguntar ¿Cuál
sería la reacción del pueblo peruano si, por ejemplo, los actuales
congresistas, consejeros regionales y concejales de municipios provinciales y
distritales, sin consultar previamente a sus electores y cumplir con los
dispositivos establecidos en las normas legales, deciden ampliar en un año el
periodo de sus gestiones para el que fueron elegidos democráticamente?. La
respuesta es obvia: rechazo absoluto por atentar contra la legalidad, la
legitimidad y el sentido lógico-ético.; constituiría, sin lugar a dudas, un
afrenta al sistema democrático y a la institucionalidad, una indecencia y fruto del afán, hasta esquizofrénico,
de aferrarse al poder; que incluso devendría en acusaciones constitucionales.
El Colegio de Ingenieros del Perú, en el año de sus Bodas
de Oro, afronta una crisis creada, impulsada y sostenida indecorosamente por
los que fueron miembros del Consejo Nacional y decanos departamentales del
periodo 2010-2011, para el que fueron elegidos democráticamente. La causa de
esta “crisis” es la decisión, en congresos nacionales, de dichos dirigentes,
que sin consulta previa a las bases, ni siquiera a sus propios Consejos
Directivos o Asambleas Departamentales, acordaron, mayoritariamente, modificar
los Estatutos y ampliar el periodo de gestión de dos a tres años, con la
atingencia de que el periodo por fenecer (2010-2011) concluyera recién a fines
del 2012, beneficiándose con la prórroga por propia decisión, amenazando luego,
con sanciones y comisiones disciplinarias a quienes desacataran tales
decisiones y procedieran a realizar los cambios democráticos en justas
electorales, en cumplimiento de lo que prescribe el estatuto institucional.
La decisión de los ahora ex dirigentes, es ilegal,
antiestatutario y así lo entiende, desde el pasado año, la SUNARP, que en
varias resoluciones, especialmente la Nro. 2216-2011-SUNARP-TR, del Tribunal
Registral, declaró inadmisible la prórroga del mandato de los consejos
directivos del CIP, negando la vigencia de sus poderes, declarando inclusive
inadmisible la apelación y, recientemente, con fecha 19 de enero 2012 precisara
que “no procede la calificación de los documentos presentados vía
subsanación..”.
Otras acciones irregulares e
ilegales perpetradas por los ex dirigentes, son la conformación de “Consejos
Transitorios” y hasta un “Tribunal disciplinario” designados a dedo, al margen
de los Estatutos y de toda participación de los miembros de la Orden.
¿Cuántos de los ex dirigentes nacionales y ex
decanos departamentales, que se aferran a
los cargos, pueden mostrar al pueblo peruano, actas de sesiones de Consejos
Directivos, Capítulos o Asambleas Departamentales, con acuerdos para el cambio
de estatutos y prórroga de su propio
mandato?
En importantes bases como Lima, Huaraz, La Libertad,
Ayacucho, Piura, entre otros se han realizado elecciones, con masiva
participación de los colegiados. Es decir la legitimidad no acompaña a los ex
dirigentes, como en el caso de Ayacucho, donde el ex decano firmó el acta de la
sesión del 14 de setiembre 2011, donde se acuerda, por unanimidad, la conclusión
del mandato el 31 de diciembre y ahora la desacata.
Este año 2012, el año de las Bodas de Oro del CIP,
lamentablemente han surgido ex dirigentes divisionistas, antidemocráticos,
usurpadores del mandato colegiado, que lejos de reafirmar la deontología
profesional, la ponen en tela de juicio ante la opinión pública. Es hora de
reafirmar la institucionalidad en uno de los más importantes colegios
profesionales que tiene presencia y
ascendencia dentro de la sociedad civil así como en la visión de trabajo por el
desarrollo del país. Es hora de deponer actitudes de aprovechamiento de los festejos y de
retomar el respeto a las normas institucionales así como a los procedimientos
de cambios de la dirigencia, toda vez que el Colegio de Ingenieros del Perú está
sustentado en valores, principios, normas, méritos y respeto. Es hora de
celebrar el aniversario institucional sin escollo alguno, sin que persistan
intereses camuflados aparentemente político-partidarios. La vorágine de poder
debe acabar con decencia, dando un paso al costado, conforme precisa el Estatuto
de quienes cumplieron con el deber de representarnos durante dos años, debiendo
primar la cordura, el buen criterio, la lógica, la prudencia, la honestidad, la
transparencia y el respeto al sistema de democracia que rigen los destinos
institucionales, para consolidar esa reserva moral quye significa para el país
el Colegio de Ingenieros.
*Periodista free lance
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