Ascencio Canchari Sulca
El pasado lunes, a través de una entrevista hecha al Alcalde de Huamanga Amilcar Huancahuari, le oímos decir; que la Procuradora Pública Municipal de Huamanga, la abogada Leonor Garay Flores es “un profesional en derecho muy competente” y que además de ser “muy competente”, había egresado de la Facultad de Derecho de la UNSCH, como la primera alumna de su promoción.
Pero la mencionada profesional y funcionaria del Estado, hace algunos días atrás, admitiría que tenía “limitaciones en el proceso de recuperación del Terminal Terrestre, y específicamente en procesos de concesión.” Probablemente tenga cierta razón en sus afirmaciones, pues al revisar el Plan de Estudios 2004 de la Escuela de Derecho no hemos encontrado ningún curso a fin al tema de concesiones. Desconocemos si al menos como referencia se cita tal tema, por los docentes de la Facultad de Derecho, que dictan los cursos de Derecho Administrativo, Derecho Procesal Administrativo o Derecho Municipal y Regional u otro curso.
Pero sus “limitaciones” en temas de Concesiones, desde mi punto de vista, no tienen nada que ver, con la ineficiencia que ha demostrado hasta ahora al frente de la Procuraduría Pública Municipal, ineficiencia: para no iniciar con acciones frente al incumplimiento de las obligaciones de la empresa Terrapuerto Plaza Wari SAC; en iniciar o impulsar acciones judiciales y otros que autorice el Consejo Municipal; interponer medios de defensa contra decisiones que afecten los intereses de la Municipalidad; en informar permanentemente a la Alcaldía y al Consejo Municipal sobre el estado situacional de los procesos a su cargo; como también solicitar informes, antecedentes y el apoyo necesario a las diferentes áreas de la Municipalidad, de cualquier entidad pública o privada, así como a todos los organismos del sector justicia, para que pueda cumplir a cabalidad con su función. Más aún siendo un profesional “muy competente” como lo menciona el Alcalde. Para cumplir con esta labor ,pues, no es necesario tener conocimientos o una especialización en Concesiones, sino conocer sus funciones u obligaciones como Procuradora solamente.
Es cierto que el Alcalde designa al Procurador Público y que éste también depende administrativamente de la Alcaldía, pero la población no quiere un Procurador al servicio del Alcalde, menos que funcione como secretaria de la Alcaldía. Sería saludable que el alcalde la defienda por un trabajo impecable al frente de la Procuraduría, pero es totalmente injusto que la defienda por su ineficiencia y sus “limitaciones.”
Aunque no queremos dudar de la “competencia” de la Procuradora Municipal, porque ella es “muy competente” y “primer puesto de su promoción”, aunque estamos más seguros de su ineficiencia y “sus limitaciones”. En la parte de las competencias especificas del sillabus del curso de Derecho Procesal Administrativo de la Facultad de Derecho, por citar un curso, señala que al termino del curso los alumnos lograrán entre otras cosas: “…responsabilidad individual y colectiva; disposición a la investigación y a la búsqueda de la información pública; actitud crítica para el análisis de procedimientos administrativos y disposición al trabajo en equipo.” Y, ninguna de estas aptitudes hemos visto mínimamente en la Procuradora Municipal y siendo la “primera alumna de su promoción.”
En conclusión, la función de procuradora Municipal le ha quedado muy grande y así como está no podrá liderar a ningún equipo de profesionales abogados con que pueda implementarse la Procuraduría. Si aún le queda algo de honestidad, moral y ética como profesional del Derecho no le queda otra cosa que renunciar, aunque el Alcalde le pida que se quede. Usted…que dice… estimado lector.
NOTA: Publicado en el Diario Regional “LA CALLE” el jueves, 27-10-2011.
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