Gudelia Machaca Calle
El
poder judicial, sigue siendo una de las instancias con el más alto porcentaje
de desaprobación por parte de la ciudadanía, por considerar que allí, la
justicia se cotiza de acuerdo a la billetera del litigante o responde a
presiones de carácter político. Expresiones duras, pero real en el imaginario
colectivo. Basta recordar a nivel nacional que muchos casos emblemáticos han
quedado en la impunidad y nadie nos garantiza que las actuales investigaciones,
también sobre hechos graves (Caso petroaudios, Forsur, Estadio Nacional,
Colegios emblemáticos, etc.) igualmente, queden impunes.
La
Revista Jurídica El Portal del Derecho en el año 2006, publicó en uno de sus
números sobre Los 12 casos más grandes de corrupción en Ayacucho, entre ellos
la “Sobrevaloración en la adquisición de compactadora, en perjuicio de la
Municipalidad de Huamanga, por el monto de S/. 120 mil nuevos soles. A seis
años de esa publicación, no existe nadie que haya sido sancionado por esos 12
casos más grandes de corrupción. Actualmente, hay otros casos que se vienen
ventilando a nivel del Ministerio Público (terminal terrestre, uso de
maquinarias de la Municipalidad de Huamanga, compra ilegal de maquinarias en el
GRA., caso Hospital Mariscal Llerena, contratación directa con allegados del
Presidente regional, designación irregular con fondos del PNUD en el GRA, etc.,
etc.), teniendo como presuntos responsables a las primeras autoridades del
Gobierno Regional de Ayacucho y de la Municipalidad Provincial de Huamanga y
sus respectivos funcionarios. ¿De aquí algunos años estaremos diciendo lo
mismo, que nadie fue sancionado?
No
es que no hayan sido o no sean bien canalizadas las denuncias, como quisieran
hacer ver quienes defienden a presuntos responsables de delitos de “cuello y
corbata”; no, no, todo lo contrario, porque las pruebas son las que más
abundan, hasta en demasía en esta clase de hechos que llegan a la Fiscalía, al
Poder Judicial, algunas o muchas denunciadas a nivel periodístico. Lo que
ocurre es lo que dijimos líneas arriba, la justicia es tan, pero tan esquiva
para sancionar a los delincuentes de cuello y corbata, y aquí entra a tallar lo
que el sentido común de la población dice: “la justicia se vende al mejor
postor o a quien tiene el poder político o económico”; mientras tanto
seguiremos viendo cómo las cárceles se llenan de delincuentes por delitos
comunes o de personas que cometen delitos de bagatela o de burriers que
trasladan droga por unos cuantos soles o dólares, o lo peor de dirigentes
populares, ¿acaso no se ha criminalizado la protesta popular?, caso de la
profesora y dirigente popular Delia Toscano, quien después de dos años de estar
recluida en el Penal por delito de terrorismo, fue absuelta por haber quedado
demostrada su inocencia en el proceso, ¿Quién responde por esos años de injusta
carcelería?; es que así es el sistema que protege y pone a buen recaudo a sus
representantes, porque entre ellos se protegen, pero siguen diciendo los
escuderos de autoridades, que la prensa que fiscaliza, que denuncia actos de
corrupción en la Administración Pública, se inventa o ha soñado porque no tiene
pruebas, ¡por favor dejen de decir barrabasadas! e intenten, si pueden,
fiscalizar la COSA PUBLICA Y EL PODER, una de las razones de la prensa
independiente
Nuestra
visión, sería incompleta si todas las desgracias de la administración de
justicia, se la cargamos sólo al Poder Judicial. En la administración de
justicia, intervienen otros actores empezando desde el Congreso de la República,
el Consejo Nacional de la Magistratura, OCMA y ODICMAS, Ministerio Público,
Policía Nacional, donde empiezan las investigaciones, muchas veces “arregladas”,
terminando con los abogados y litigantes. El Congreso de la República porque
elige a los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, generalmente,
respondiendo al juego político del momento, cuyos consejeros tendrán la
delicada función de nombrar a jueces y fiscales a nivel nacional, sancionarlos,
ratificar o destituir a magistrados. Pero ¿qué se puede esperar si OCMA y los
ODICMAS, bajo un régimen cerrado, se controlan entre ellos y otorongo no come
otorongo?, ¿o si el Consejo Nacional de la Magistratura, ha convertido lo
procesos de ratificación en un mero formalismo, que todos pasan por la coladera
a pesar de graves denuncias de inconducta funcional de los magistrados, como
ocurrió en estas últimas horas en el Ministerio Público de Ayacucho? ¿Dónde se
puede pasar por alto que un representante de la legalidad y persecutor del
delito, reciba donaciones y congratulaciones de quien está siendo investigado en
su fuero por presunto delito de corrupción y diga que desconoce?. Por cierto,
en este vadamecum que significa la administración de justicia hay jueces y
fiscales probos, pero son los pocos. Hablando de la OCMA y ODICMAS, la
efectividad del trabajo de las instancias contraloras, no se mide sólo por el
número de sanciones, sino, principalmente, como dice la Dra. Marianela Ledesma
Narváez “El control implica entenderlo como una herramienta, como un
instrumento al servicio del objetivo general: celeridad procesal e independencia judicial”, esto pasa por
preguntarnos ¿qué mecanismos se tiene para alcanzar ese objetivo?, y ¿cuáles
son los instrumentos, los mecanismos en la administración pública para hacer
frente a la corrupción?... Preguntas, aun, sin respuestas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario