Gudelia Machaca Calle
Quisiera
ocuparme de otros temas, pero la sucesión de hechos en torno al terminal
terrestre no permite alejarnos del asunto. Quisiera, por ejemplo hablar de un
hombre sinónimo de honestidad y consecuencia con las luchas del pueblo que en
estos momentos se encuentra delicado de salud. Me refiero al profesor Rigoberto
García Ortega, uno de los impulsores de la reconstitución del Frente de Defensa
del Pueblo de Ayacucho, ex Presidente del mismo, líder político y permanente
vigilante de la COSA PUBLICA. No soy militante del FRA, pero como dice el señor
Antenor Maravi Izarra “Todo luchador social, que defiende la justicia y el
bienestar de los pueblos, por encima de las banderas políticas partidarias, debe
ser siempre merecedor del reconocimiento y gratitud a sus esfuerzos
desplegados”. En efecto, es esa identificación con las luchas del pueblo, que
siempre demostró el profesor Rigoberto García, el que nos impulsa a escribir estas
líneas dedicadas a él, con la esperanza de que seguiremos teniéndolo entre
nosotros, porque hombres como él siempre serán necesarios para alcanzar una
sociedad más justa.
Decía
al inicio, que continuamos con la atención puesta en el terminal terrestre,
como lo venimos haciendo desde que Rosario Romaní, periodista de este medio,
pusiera en tapete el proceso irregular de concesión, hoy considerado como uno
de los casos emblemáticos en materia de corrupción en Ayacucho. Desde esa
fecha, han transcurrido cerca de dos años, durante ese tiempo se ha dicho y
reclamado tanto a nivel periodístico desde esta CASA DE LA COMUNICACIÓN (Diario
La Calle y Radio Wari), y algunos actores de la sociedad ayacuchana, mientras
la ex y actual autoridad local, con sus actos venían legitimando un proceso
irregular para regocijo de los administradores del terminal, despertando
codicias de propios y extraños para generarse sus propios ingresos en torno al
caso.
Con
la caducidad, por incumplimiento de la Municipalidad de Huamanga promovida por
la Empresa concesionaria, se ha iniciado la última fase de esta “crónica de un
fracaso anunciado”, como lo calificó Luis La Rea; fracaso anunciado porque no
se ejecutaron acciones eficaces para recuperar el terminal, con la agravante
que desde el Gobierno Regional de Ayacucho se anuncia que iniciarán un proceso
judicial para recuperar el terreno en el que se edificó el terminal terrestre
con recursos de la Municipalidad de Huamanga y del GRA, y por su parte la
Municipalidad de Huamanga, con el mismo propósito de formalizar la titularidad
del terreno a su favor, ha iniciado dos procesos en contra del GRA, uno de
contencioso administrativo y otro de cumplimiento de obligación, toda vez que,
por un lado, el acto administrativo, es decir la Resolución Ejecutiva Regional
que generó el acuerdo de donación del terreno a favor de la Municipalidad, no
ha sido cuestionado ni administrativa ni judicialmente. Sin embargo, a pesar de
ello, por asesoría del Abogado Paz De la Barra, el Consejo Regional “derogó” el
acuerdo anterior de donación, pretendiendo hacer creer que con ese acto quedó
sin efecto el acuerdo anterior de donación, cuando se sabe que la derogatoria
de una ley, tiene efectos para lo
posterior dejando incólume los actos que haya producido durante su vigencia.
Este embrollo legal ocasionado por dicha asesoría no sería otra cosa que
generar mayor confusión en torno al caso de terminal terrestre que ha
despertado codicias para hacerse de la plata a cualquier costo.
Lo
que hasta la fecha no se ha explicado con claridad es qué objetivos persigue el
GRA con pretender recuperar el terreno, si lo que está en cuestión es la
concesión irregular, cuya nulidad ya lo vienen gestionando los procuradores AD
HOC; que tengan éxito o no, es otro asunto. En tanto los dueños de la empresa
concesionaria, contra quien ambas instituciones (GRA y la MPH) debieran haber
entablado acciones legales conjuntas, seguramente se vienen frotando las manos
porque en el supuesto de salir favorecidos en el proceso de caducidad por
incumplimiento, la indemnización incluida por lucro cesante, emergente, podría
costarnos caro. Por supuesto todo esto en el ámbito de las probabilidades; probabilidades
creadas producto de la inacción o acciones desesperadas o populistas tanto del
GRA como de la Municipalidad de Huamanga, cuyo enredo legal, beneficia
económicamente a unos, porque el GRA como si no existiera, un o una Procuradora
Regional, recurre a abogados externos o mejor dicho a un determinado abogado
externo para que defienda casos generados desde el seno del GRA, como ocurrió
con los terrenos del INIA; ¿será acaso ésta la forma de devolver algún favor?
Nos
resistimos a creer que desde las instituciones tutelares de la región y de la
capital de la región, hayan o estén
trabajando, consciente o inconscientemente, a favor de una empresa que de
inversión sólo tiene de nombre. El desenlace del caso terminal terrestre será,
como alguien calificó, de película; ojalá no sea de película de terror y
horror.
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