sábado, 1 de agosto de 2009

DS 048 - Clelia Gálvez

En relación al DS 048-2009 distintas voces se vienen pronunciando. Es momento de escucharlas.
¿Tenemos el Decreto Supremo…y ahora qué?
Clelia Gálvez de Verbist

Desde hace varios años vamos reclamando que el Gobierno Nacional recuerde la existencia de los departamentos de sierra y selva que siempre fueron relegados y sumidos en la pobreza y el abandono, razón por la que llegaron a ser el escenario de la violencia social que puso en peligro la seguridad de la toda la nación.

Hoy, tenemos un país que desarrolla, sin embargo, aún no se han cambiado significativamente las condiciones de vida en esas regiones. Esa es una reivindicación en la que todos estamos de acuerdo!... sin embargo, el centrarse dogmáticamente en la promulgación de un Decreto Supremo, un documento más entre tantos otros que se suscriben y que se quedan en el olvido, allí discrepamos muchos…!

En Ayacucho, desde el año 2007 se fue gestando un real esfuerzo de diálogo colectivo entre personas con posiciones diversas que sin embargo encontraron acuerdos mínimos que permitieron construir una agenda regional, la Agenda Wari, con algunos errores pero conciliando las propuestas de muchos sectores alrededor de este esfuerzo que llegó a ser considerado como el único instrumento de negociación entre el Gobierno Nacional y la región Ayacucho, representada no solo por autoridades sino también por actores de la sociedad civil. Luego, los intereses de unos y otros hicieron que la agenda perdiera fuerza y fuera casi dejada en el olvido, como todo lo que sucede en nuestro medio, una vez que la novedad ha pasado.

La idea de hacer que se promulgue el Decreto Supremo que declare Ayacucho como una “región de tratamiento especial”, luego “preferente” y ahora “de intervención prioritaria” al igual que Huancavelica y Apurímac, ocupó el discurso de la gente por diversas razones, algunos de ellos por seguir presentes en la arena política a modo de preparar su futuro electoral, pero sea cual fuere la razón, se siguió con eso y se logró le emisión y publicación del ansiado documento.

Hoy tenemos el DS ya promulgado, sin embargo éste no tiene vinculación real con la inversión pública que los tres departamentos más pobres del país requieren, es un documento más que engrosará los archivos, porque las inversiones prioritarias e indispensables en infraestructura productiva y social (asfaltado de carreteras y el consecuente acercamiento a los mercados; las grandes obras de irrigación que amplíen la frontera agrícola de esas regiones; la cobertura eléctrica, sobre todo la trifásica que permita dinamizar y descentralizar la inversión en la agroindustria; la modernización y el acceso masivo a los servicios básicos del Estado como son la salud y la educación,…) seguirán haciéndose esperar y tal vez terminen en un “nunca jamás” como en los cuentos de niños.

¿Qué hacer ahora que el DS fue promulgado? , ¿Nos sirve de algo el tenerlo?, ¿qué posición debe tener toda la población, no solo los que se dicen representar a algún grupo?, ¿qué tareas de incidencia debemos hacer? ... es un tema de debate que urge realizar.

Existen instituciones que debieron promover ese espacio macro que genere debate, como en su momento lo hicieron, pero aparentemente sus preocupaciones son otras por el momento, y es la Asociación Nacional de Periodistas la que tuvo la iniciativa, felicitemos ese esfuerzo de la ANP, que demuestra madurez y un valioso intento por asumir los diferentes roles que tiene el periodismo en la sociedad, que van más allá de la fiscalización, y deben constituirse en un referente de información amplia y veraz, un ente orientador e incluso arbitro en el debate de los procesos regionales más importantes.

Esa iniciativa tomada por la ANP debería comenzar a aglutinarnos a todos en una perspectiva sana que permita hacer fuerza común para que se genere un espacio lo suficientemente amplio y serio que permita examinar el tema con la mayor objetividad; y para ello, la ANP deberá situarse exactamente “al centro” del problema, abandonando sus posiciones personales que son legítimas, pero que deben ser dejadas de lado, a fin de que se expongan todas las posiciones desde una mirada técnica y política, se examine con la mayor claridad y seriedad posible, a fin de que la población llegue a tener una posición consensuada y que actúe en consecuencia.

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